NO ES UNA BROMA
La posible inconstitucionalidad de 10 artículos de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha no es ninguna broma pesada inventada por grupos ecoabandonistas o por otros opositores al anterior Gobierno de nuestra región. Así lo avala la Resolución de 15/06/2015 firmada por el Sr. Montoro como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Sr. Leandro Esteban como consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, para el establecimiento de una comisión para el estudio de la posible inconstitucionalidad. El toledano, al menos en esto de la caza, será un consejero difícil de olvidar por esta despedida al más puro estilo del que realizó Napoleón de tierras rusas.
En el mundo de la caza nadie podía pensar que hubiera duda sobre la inconstitucionalidad de diez artículos de la nueva Ley. La razón es clara, pues participaron en su elaboración: el servicio jurídico de la Consejería de Agricultura; el gabinete de jurídico de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas; la Secretaría General de la citada consejería; el servicio jurídico de las cortes regionales y el Consejo Consultivo de nuestra región. Este último tiene autonomía orgánica y funcional que garantiza su independencia y está compuesto por juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional. ¿Quizá no? Personalmente no dudo de la profesionalidad y el saber de los juristas reseñados, cosa que claramente hace el Sr. Esteban. La duda sobre 10 artículos me parece excesiva y poco creíble. Han aceptado una comisión bilateral de discrepancias, dando por ello una imagen de mala praxis técnica y jurídica en la elaboración de la Ley.
Cabe al menos preguntarse quién sale beneficiado con esta actuación y no cabe duda que los grupos ecoabandonistas, los socios del nuevo gobierno y el propio PSOE, que actuaron activamente contra el proyecto de Ley. Con seguridad, los amigos del abandono de las zonas rurales son los que a través del Ministerio se encuentran detrás de este desaguisado. Nuestro anterior Gobierno o al menos su representante para esta faena, y nunca mejor dicho, no se lo ha podido poner más fácil a la plataforma anti-Ley de Caza. Al discurso tan manido y poco convincente en el mundo cinegético y en el mundo rural en general, de una Ley de ricos que mataba perros, se le adjunta otro más convincente, como es el de una Ley ilegal, que jurídicamente es insostenible y que no hay más remedio que derogarla. Por el momento, ni una sola voz de altos responsables del PP ha criticado este despropósito. La justificación que hacen desde el Ministerio, se basa, al menos en distintas cosas que he comprobado, en cuestiones inciertas. Es el caso de ausencia de premisas que realmente la Ley contempla y de prohibiciones derivadas de legislación básica que no son tales, al existir excepciones en la misma legislación.
El propio gobierno saliente no solo le ha dado la puntilla a su propia Ley de Caza, que es buena y poco mejorable, sino a sus propios funcionarios, al cuerpo jurídico y al técnico. Facilitan echar por tierra el trabajo de más de dos años, el que finalmente apoyaron todas las grandes asociaciones del sector cinegético, siendo esta la única ocasión en que estuvieron de acuerdo. Es de cajón, que más hubiese valido publicar la Orden de Vedas de este año, evitando perjuicios a cotos, organizadores y a los que perderán jornadas de trabajo, y no llegar al acuerdo para formar una comisión bilateral para estudiar la anticonstitucionalidad a la Ley de Caza.
Juan Caballero de la Calle. Dr. Ingeniero de Montes.