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               " ATICA CLM - Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores, y Actividades Afines al Sector Cinegético de Castilla La Mancha"

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“DESORDEN DE VEDAS” 17:07:2017

             Las publicaciones en medios generalistas que más se repiten en las últimas semanas, en relación con la actividad cinegética, tienen como argumento principal el daño que producen las especies de caza mayor a la agricultura. Las grandes organizaciones agrarias siempre son mencionadas en dichos textos, mostrando la preocupación del sector. No me refiero sólo a Castilla-La Mancha, al parecer es algo generalizado en todo el país. Un ejemplo lo tenemos en una reciente artículo relativo a la Comunidad Valenciana, donde al parecer han aumentado los daños producidos a los cultivos agrícolas por especies como el ciervo, jabalí o cabra montes, entre otros, en un 30%. Piden, al igual que en otros lugares de nuestra geografía nacional, que se incremente la presión cinegética para reducir las poblaciones de herbívoros salvajes. De forma paralela los cazadores nos quejamos del aumento del número de trabas administrativas a través de leyes autonómicas de caza, órdenes de veda y un sin fin de decisiones funcionariales a las que los mandatarios de turno dan su aquiescencia. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde las protestas contra decisiones injustificadas, que en muchos casos se traducen en normas, dan lugar a una continua protesta del sector cinegético. Como consecuencia de ello, el pasado mes hubo una manifestación de cazadores, organizada por ATICA-Guadalajara, en dicha ciudad. El motivo, en este caso eran los recortes a la actividad que realizan unos funcionarios en las resoluciones de los planes técnicos de caza. La asistencia fue un éxito en cuanto a la presencia de cazadores, pero no así de agricultores. Faltó la convocatoria de las organizaciones agrarias, una oportunidad perdida. Las trabas administrativas limitan el desarrollo de la actividad y con ello el aumento de las poblaciones. Al final todas las limitaciones que originan una menor posibilidad de caza, se traducen en permisos extraordinarios, para enmendar el desaguisado, mediante controles sin medida en cualquier época del año. Con ello, la caza ordenada y bien gestionada que supone importantes beneficios, incluido de empleo, se queda a verlas venir.

En relación con la Orden de Vedas 2017-2018 castellano-manchega, se ha publicado recientemente una nota de prensa emitida por la Mesa Regional de Defensa de la Caza de Castilla-La Mancha, en la que se manifiesta el malestar de las distintas organizaciones que la componen, con el texto de la Orden de Vedas 2017-2018. Entienden los componentes de la Mesa que se trata de un documento que contiene numerosas restricciones para el ejercicio de la actividad cinegética en la región. Entre las nuevas restricciones, según entiendo, en su mayor parte paridas por funcionarios legos en materia de caza y totalmente analfabetos en gestión, destaca el torpedo destinado a la línea de flotación de la caza de acuáticas. También destacan, las fechas para la media veda en relación con la codorniz y una serie de obligaciones relativas a cupos, señalizaciones y otros, en mi opinión más piedras en el camino de la actividad. Por otro lado, el principal grupo ecoabandonista, el más obsesionado por el fin de la caza, en una nota de prensa publicada con anterioridad, se quejaba también del texto recogido por la Orden de Vedas. A pesar de las nuevas restricciones, ni tan siquiera lanzan un solo guiño a los autores, la queja es absoluta. Entiendo que no puede ser de otra manera, pues el fin de estos radicales es terminar con la caza, algo incomprensible desde mi punto de vista, pues al fin y al cabo es su “gallina de los huevos de oro”, ponedora de subvenciones, ayudas, presencia en consejos y otros. Dentro de las normas nuevas, objeto de controversia, que impone la Orden de Vedas para la temporada 2017-2018, está la obligatoriedad de colocar un precinto sobre las piezas de caza mayor abatidas en las modalidades de rececho y espera, siendo preciso realizar dicha acción en el lugar exacto donde fueron abatidas, no pudiéndose mover el animal hasta que el precinto quede colocado, por lo que el cazador deberá llevarlo consigo. Hasta la fecha la necesidad de colocarlo se reducía a aquellos trofeos de animales que por algún motivo abandonaban el coto. Entiendo que esto era lo lógico como forma de control, que sin duda dificulta las posibles ilegalidades, caso del transporte furtivo de piezas de caza. Ahora es una medida de presión añadida, lo que es obvio para cualquier titular de coto, cazador y organizador que utilice de forma habitual los precintos y además para el resto de personas que sean respetuosas con la Ley, pues se salta lo recogido en una normativa superior, el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha. Digo esto porque el artículo 107, apartado 3, del Reglamento en vigor dice claramente que las piezas de caza mayor deberán ir acompañadas de un elemento identificativo cuando se saquen del coto, en ningún caso hace referencia a su necesidad en cuanto quieran moverse del lugar donde fueron abatidas. Igualmente el Reglamento de caza, en su artículo 64 apartado 2, relativo al uso de armas, determina como distancia de seguridad, que hay que guardar con los caminos públicos, 50 metros a cada lado; de esta forma queda una franja de 100 metros más la anchura de la vía de comunicación como zona de seguridad. Sin embargo, la Orden de Vedas o más bien “Desorden de Vedas” fija una distancia de 100 metros a cada lado, como franja de seguridad, otra nueva disposición que se salta la homóloga de rango superior. La nueva franja de seguridad, para la temporada 2017-2018, supone la pérdida de superficie cazable en cada coto de 20 hectáreas por kilómetro de camino en su interior o/y de 10 hectáreas en las lindes con una vía pública. Superficie ésta, como el resto de la que forma el acotado, sujeta a los distintos impuestos y gastos de arrendamiento en su caso. Entiendo que el capricho de aumentar la distancia a 100 metros puede suponer la reacción de distintos titulares o arrendatarios, que en el momento de aceptar las condiciones de caza en su coto no contaban con este extra de hectáreas que se convierten en zona de seguridad. Dicha reacción podría traducirse en reclamaciones judiciales. Realmente los cazadores cuentan con una inseguridad jurídica cada año más llamativa ¿De qué vale la Ley y el Reglamento de Caza? Cada temporada el técnico iluminado y el ecoabandonista cómplice, o viceversa, condicionan el desarrollo de la actividad como les place.

Juan Caballero de la Calle. Dr. Ingeniero de Montes.

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